La reciente entrega-engaño de Ismael Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses plantea un interrogante fundamental: ¿Por qué no se aplica la misma lógica de pacificación en México?
Este país cuenta con una Ley de Amnistía, una herramienta que podría utilizarse para lograr la reparación del daño a las víctimas, el conocimiento histórico de los hechos y la justicia. Sin embargo, la realidad es que se privilegia la extradición, cediendo soberanía nacional y dejando de lado la posibilidad de un proceso de pacificación interno.
La entrega de Zambada, al igual que la situación de Rafael Caro Quintero, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición, nos recuerda que México se encuentra en un punto crítico. La violencia se ha enquistado en el tejido social, y la estrategia de “abrazos, no balazos” parece no dar los resultados esperados.
El problema radica en la falta de voluntad política para implementar una verdadera estrategia de pacificación, como lo propone el pacificador de la ONU, Sergio Arturo Ramírez Muñoz.
La amnistía, como herramienta legal, no se utiliza de manera efectiva, y la extradición de líderes criminales, aunque aparenta ser una solución, no aborda el problema de raíz. La violencia en México no se reduce a la presencia de algunos líderes, sino que se alimenta de un sistema complejo que involucra corrupción, impunidad y falta de oportunidades.
Es necesario que el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal, se comprometa con una estrategia de pacificación integral.
Y Sepa La Bola pero una de las claves de la seguridad nacionales es que las instituciones deben ser fuertes no como ahora, y que garanticen la seguridad y la soberanía, sobre todo la interior y la convivencia
La fortaleza institucional significa profesionalización con políticas diseñadas, ejecutadas y evaluadas, como lo considera el Doctor Manlio Fabio Jiménez Miranda, partícipe del Diplomado de Políticas de Seguridad Nacional y de Seguridad, realizado por la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Esa academia nunca pensó en evaluar tema seguridad pública, lo suyo era el desarrollo social, pero hoy las encuestas la gente tiende a poner en el primer sitio de sus preocupaciones la seguridad pública, pero no la seguridad nacional que aparece en la de los académicos y quienes trabajan en instituciones públicas, de seguridad o análisis político, que saben que hay crecientes amenazas que se están dando, como la expansión del narcotráfico, redes del crimen, ciberseguridad, inversiones, comercio, redes de comercio, y hasta la producción de chips; también la preocupación por la entrada de Red 6G que es objetada porque hay amenaza de la apropiación de datos por empresas chinas. Pero también redes sociales, donde se crean percepciones sociales y esto constituye un cierto nivel de amenaza a nivel nacional.
Ejemplos de la debilidad institucional, se da en casos como el de Juan Carlos Loera de la Rosa fue acusado por diferentes delitos en su paso como superdelegado de los Programas Sociales en el estado de Chihuahua, y aunque se aperturaron investigaciones en la FGR, por presuntamente condicionar los apoyos de los programas sociales Sembrando vida, créditos de vivienda y becas Benito Juárez, para coaccionar el voto, no hay avances.
El expediente señala afectaciones a más de cuatro mil adultos, con apoyos que las nunca pudo comprobar que realmente fueron otorgadas a personas físicas, sin embargo, el dinero fue sustraído.
La afectación a las arcas de la nación acusa que el dinero fue usado para financiamiento de su campaña, como candidato a gobernador, según las acusaciones; pero sí obtuvo una curul al Senado, el cual asumirá, así como su fuero, sin que las autoridades finiquiten el asunto.
