Redacción
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó ayer miércoles la mayoría calificada, dos terceras partes de los 500 diputados, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados en la Cámara de Diputados de México.
El TEPJF avaló por mayoría de votos, cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto que confirma el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de diputados federales que resolvió el pasado viernes y que le da la mayoría calificada a los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) en la Cámara baja.
Durante su turno, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña defendió su proyecto y aseguró que este “no sólo es respetuoso de la Constitución, también es razonable en términos democráticos y es fiel a los precedentes de este Tribunal Electoral”.
“Puede o no gustar, pero esa es la realidad que se escribió el 2 de junio. A este Tribunal Electoral no le queda más que hacerla valer, pues esa es su función institucional, aunque pueda llegar a incomodar o no sea del todo comprendida”, apuntó.
“Como jueces de este órgano debemos honrar la confianza que la mayoría depositó en las urnas, es lo democrático. Nuestro deber jamás será dar gusto o buscar el aplauso popular. Nuestra función consiste en validar que esa confianza ciudadana en la elección de sus gobernantes se traduzca en el ejercicio del poder público, siempre de conformidad con las reglas vigentes al momento del juego electoral”, añadió.
Y apuntó que “si se quiere un cambio en los límites de la sobrerrepresentación con miras a 2027, la renovación formal de la legislatura federal marcará el inicio de un momento prudente y adecuado para discutirlos y consensarlos. Hasta entonces el papel de este Tribunal debe ser garantizar que las actuales reglas se respeten”.
En el inicio de sesión, la presidenta Mónica Soto denunció que fueron víctimas de presiones y amenazas, y apuntó que sin miedo a la crítica ni la exhibición, van a juzgar las 8 mil 662 impugnaciones conforme a la Constitución.
“Hoy, como hace 28 años, las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir”, dijo Soto.
“Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho”, agregó.
“Así pues, llegamos a este día de frente a la sociedad mexicana para que este pleno debata de manera pública, buscando entre las diversas visiones jurídicas la imposición del derecho sobre cualquier otra consideración o expectativa”, expuso.
El Tribunal electoral reportó este miércoles haber recibido 8 mil 662 recursos de impugnación contra el reparto de los 200 legisladores de elección proporcional en el Congreso mexicano.
Aunque no aclaró la procedencia de los reclamos, los partidos de oposición habían adelantado que impugnaría el acuerdo del INE del viernes pasado.
Además del triunfo presidencial de Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados ganaron el 2 de junio 364 diputados del total de 500, por lo que en la Cámara baja podrá reformar la Constitución mexicana sin obstáculos, mientras que en el Senado consiguieron 83 de un total de 128, aunque dos senadores de oposición anunciaron que saltarían al oficialismo.
La oposición denunció una “sobrerrepresentación” de la coalición de Sheinbaum en el reparto de los 200 diputados y 32 senadores que se eligen con base en el voto proporcional, pues la alianza obtuvo un 73 % de los escaños pese a alcanzar el 54 % de los votos en las urnas.
El pasado viernes el INE confirmó, tras una votación dividida, que los tres partidos de la coalición que encabezó Sheinbaum obtuvieron un total de 364 escaños de los 500 que conforman la Cámara de Diputados: 108 por sufragio proporcional y 256 por votación directa en las elecciones del 2 de junio.
Con ello, a partir del 1 de septiembre, los diputados del oficialismo podrán avalar sin negociar con la oposición reformas a la Constitución mexicana, como la que instaurará elecciones populares en el Poder Judicial.
