Y Sepa La Bola… pero el desarrollo hotelero de Costa Palmas en Los Cabos, Baja California Sur, se vió envuelto en un escándalo de proporciones nacionales por fraude y secuestro.
En el centro de la ilegalidad se encuentra DGU Baja, empresa propiedad de Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, acusada de fraude y secuestro contra una subcontratista, Mármol y Granito (MyG).
Este caso llegó a los tribunales gracias a los abogados de MyG, Leonardo Julián de la Garza García, Rubén Moya Bocanegra y Juan Carlos Toribio Santos, que revelaron una compleja red de irregularidades que involucran a empresarios, funcionarios judiciales y posibles conexiones internacionales.
La acusación de fraude contra DGU Baja, que tiene de socios a Dottor Group México y Terra Plana, propiedad de los hermanos italianos Alessio y Pietro Dottor, se centra en que contrataron a Mármol y Granito (MyG) para hacer los cimientos del complejo hotelero y no pagaron y además secuestraron al cobrador.
La situación se complica aún más con un contrato firmado en junio de 2021 entre DGU Baja y Costa Palmas, propiedad de Irongate.
MyG, subcontratista de DGU Baja, no recibió el pago por los servicios prestados en el hotel AMANVARI dentro del complejo Costa Palmas, a pesar de haber completado sus trabajos.
Ante la falta de respuesta, un representante legal de MyG se presentó en el campamento Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, dueño de la empresa, para exigir el pago de 24 millones 943 mil 258.66 pesos.
Esta acción, sin embargo, tuvo consecuencias inesperadas y graves.
Las acusaciones de secuestro contra los hermanos italianos Alessio y Pietro Dottor, quienes actuaron bajo el mando de Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, y quienes son propietarios de la empresa defraudadora, se dieron después de la visita del representante legal de MyG.
Según los reportes, tanto el representante legal como un notario público fueron secuestrados por los hermanos italianos Alessio y Pietro Dottor, por instrucciones de Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, dueño de la empresa.
Leonardo Julián de la Garza García, Rubén Moya Bocanegra y Juan Carlos Toribio Santo llevaron a los tribunales este hecho, registraron en una fe de hechos y respaldaron la acusación con videos, lo que añadió una dimensión criminal al caso, intensificando la presión sobre las autoridades para una investigación exhaustiva.
Las denuncias por privación ilegal de la libertad contra Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro y Alessio y Pietro Dottor (LRB/064/2022 y LRB/046/2023) tuvieron un recorrido complejo. La primera denuncia no prosperó, alimentando sospechas de corrupción dentro del sistema judicial. Sin embargo, la segunda denuncia, tras una apelación ante el magistrado Paul Razo Brooks, resultó en la vinculación a proceso de Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro y los hermanos Dottor, un triunfo que se debe en gran parte a la insistencia y la presentación de pruebas contundentes por parte de los abogados de MyG.
El juez José Humberto Zavala Calderón, quien inicialmente desestimó la primera denuncia, enfrenta acusaciones de corrupción por su actuación en el caso.
El papel de los abogados de MyG, Leonardo Julián de la Garza García, Rubén Moya Bocanegra y Juan Carlos Toribio Santos, fue crucial en el desarrollo del caso. Su perseverancia y su estrategia legal, que incluyó una denuncia por fraude contra DGU Baja, Alessio y Pietro Dottor, y Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, fue fundamental para que el caso se judicialice y se investiguen las presuntas irregularidades. Su trabajo expuso las fallas del sistema y dio voz a una subcontratista que fue víctima de prácticas fraudulentas y abusivas.
La investigación también reveló posibles conexiones con Jason Grosfeld, un ex ejecutivo de BlackRock, quien enfrenta varias demandas por fraude en Costa Palmas. Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, presuntamente socio de Grosfeld, es descrito como una figura con fuertes influencias en Baja California Sur. Estas conexiones internacionales amplían el alcance del escándalo y sugieren un patrón de comportamiento delictivo que requiere una investigación a fondo.
El caso DGU Baja puso en evidencia una preocupante red de corrupción que involucra a empresarios, funcionarios judiciales y posibles conexiones internacionales. Las investigaciones en curso buscan determinar la verdad detrás de las acusaciones de fraude y secuestro, y llevar a los responsables ante la justicia. El desenlace del caso tendrá implicaciones significativas para la confianza en el sistema judicial de Baja California Sur y para la protección de las empresas subcontratistas ante prácticas abusivas.
La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales en este caso. Las autoridades deben garantizar una investigación exhaustiva e imparcial, sin ceder a presiones externas. El pueblo de Baja California Sur merece saber la verdad sobre lo que ha ocurrido en Costa Palmas y exigir justicia para aquellos que han sido víctimas de presuntos actos delictivos.
La lucha de MyG y sus abogados sirvió como un faro de esperanza para otras empresas subcontratistas que podrían estar sufriendo prácticas similares. Al denunciar las irregularidades abrieron la puerta a una mayor transparencia y a la posibilidad de que se tomen medidas para prevenir futuros abusos.
Este caso no solo es un problema local; representa un desafío al estado de derecho en México. La impunidad no puede ser tolerada, y se debe garantizar que todos los involucrados, sin importar su posición o influencia, sean sometidos a la justicia. El seguimiento de este caso será crucial para evaluar la eficacia del sistema judicial mexicano en la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos de las empresas subcontratistas.
El futuro de Costa Palmas y la confianza en el desarrollo turístico de Baja California Sur dependen de una resolución justa y transparente de este escándalo. La sociedad civil debe exigir a las autoridades una investigación exhaustiva y un castigo ejemplar para los responsables de los presuntos delitos. La impunidad solo perpetúa la corrupción y socava la confianza en las instituciones.
