*Propone una regulación que combata la informalidad y promueva la seguridad jurídica.
Armando Zuñiga Salinas, presidente de la Sociedad Nacional de Industriales de Seguridad Privada A.C (ASUME) , aseguró que para garantizar que solo las empresas serias y comprometidas con la legalidad participen en la seguridad del país, es fundamental contar con una Ley General de Seguridad Privada que homogenice la regulación a nivel nacional y permita a las autoridades supervisar, sancionar y fortalecer la calidad del sector.
De ahí que llamó al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch a retomar este trabajo conjunto, revisar el proyecto en coordinación con el sector y avanzar hacia su presentación en el Congreso, con el objetivo de lograr finalmente una legislación que brinde certeza jurídica, combata la informalidad y fortalezca la seguridad en el país.
“Estamos convencidos de que la seguridad privada debe ser parte de la solución y no del problema. Para ello, necesitamos una regulación clara, nacional y homogénea que brinde certeza jurídica, sancione la informalidad y permita una mejor coordinación con las autoridades”, dijo.
Esto luego de que este martes, en la conferencia mañanera se tocó el tema por parte del funcionario federal sobre el papel de las empresas de seguridad privada en el país y que abre una oportunidad para de una vez por todas, avanzar en esa regulación que traerá como beneficios el sancionar a empresas informales y exigir que todas cuenten con permisos, certificaciones y registros ante el IMSS, garantizar servicios de calidad, estableciendo estándares de capacitación obligatorios y reducir riesgos y atraer inversiones, promoviendo un entorno seguro y regulado.
Además de fortalecer la colaboración público-privada, alineando esfuerzos con las autoridades para mejorar la seguridad nacional así cómo generar empleos formales, consolidando un sector que hoy emplea a más de 800 mil personas y que podría superar el millón con una regulación efectiva.
“Nuestro compromiso es con México. Estamos listos para aportar soluciones y trabajar con el Gobierno para construir un entorno más seguro, ordenado y regulado para todos”, concluyó Armando Zúñiga Salinas.
Es de recordar que desde 2021, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir una Ley General de Seguridad Privada que armonice las regulaciones federales, estatales y municipales, evitando las más de 500 contradicciones normativas que hoy complican la operación del sector y facilitan la proliferación de empresas irregulares.
También en esas fechas, se construyó un proyecto de Ley General de Seguridad Privada con la participación activa del sector, en un proceso de consenso con las autoridades que en su momento encabezaban la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como órgano regulador
