Más de 50 organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND) propuestas en materia de movilidad y seguridad vial, toda vez que los siniestros viales representan ya un problema de salud pública y hasta el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Las organizaciones piden establecer medidas integrales para disminuir los siniestros viales derivados del exceso de velocidad y por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, con énfasis en áreas urbanas de alta incidencia.
Asimismo, actualizar el marco normativo que regula a los vehículos motorizados, de dos y cuatro ruedas, para priorizar la protección de los usuarios vulnerables, protegiendo con ello a todos los usuarios de la vía.
Promover la formación de conductores responsables mediante capacitaciones rigurosas y estrictas evaluaciones periódicas tanto teóricas como físicas, psicológicas y de capacidades para la obtención de licencias de manejo y proteger a las infancias que viajan en auto.
Asimismo, piden financiar la movilidad segura con énfasis en el desarrollo del transporte público, infraestructura segura que contemple y perdone el error humano y que cree espacios seguros para peatones y accesible a personas con discapacidad.
Promover también la modernización de las flotillas públicas con enfoque en seguridad vehicular, eficiencia, sostenibilidad y desempeño ambiental.
Implementar un etiquetado nacional de seguridad vehicular que informe a los usuarios sobre el desempeño de protección y especificaciones de seguridad de cada vehículo y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia para atender siniestros viales, con énfasis en zonas de alta incidencia.
Y es que en México, los siniestros de tránsito cobran anualmente la vida de más de 16 mil personas, causando lesiones a 142 mil y produciendo discapacidad permanente a 40 mil personas.
Además del imponderable sufrimiento humano que causa, provoca altísimos costos económicos a la sociedad y al Estado Mexicano, estimados entre el uno y el 3.5 por ciento del PIB. “Esta es una emergencia de salud pública que exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades” comentan las organizaciones.
