Redacción
En México, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta el cuatro trimestre de 2023, el 54.8 por ciento de la población ocupada opera en la informalidad; es decir, más de 32.5 millones de personas son invisibles para las reformas y leyes que impulsan el Gobierno de México y los legisladores, afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO).
Por medio de un reporte, el empresario lamentó que los trabajadores en la economía informal -que son mayoría en México- no están sujetos a la legislación; los patrones no cumplen con el pago de impuestos; las familias carecen de cobertura, protección social y de prestaciones relacionadas con el empleo, logros, todos ellos, que han sido impulsados y respaldados por el sector formal empresarial, el gobierno y los propios trabajadores.
“México es así, un país en el que coexisten dos tipos de economías, reglas y habitantes: aquellos que operan dentro de los marcos legales establecidos y, la mayoría, los que, de manera tolerada por los municipios, proceden al margen de la ley”, aseguró.
Dijo que en las leyes de ingresos de los municipios se favorece la proliferación de la informalidad en la economía y, por ende, en la esfera laboral.
Al respecto, aseguró que actualmente, en muchos municipios existe una tolerancia para la venta en la vía pública y el mercado gris, generando además competencia desleal con aquellos dueños de negocio que sí cubren permisos, avisos, planes de protección civil, cuota de bomberos, basura, luz, agua, predial, sus impuestos, renta de lugar y, además, asumen otros gastos, cuidan a su personal y contribuyen así con el crecimiento económico de México.
“Si bien se proponen reformas por los diputados y senadores y se aprueban incrementos salariales anuales por el sector patronal, obrero y gubernamental, dichos beneficios y modificaciones son únicamente para el 45 por ciento de la economía, menos de la mitad de la población económicamente activa, dejando desprotegidos a quienes consumen productos y servicios y a los que trabajan en la informalidad”, señaló el presidente de la Confederación.
“Mientras que los trabajadores formales tienen acceso a salud, seguridad social, pensiones, vivienda, y otras prestaciones, aquellos en la informalidad, que son la mayoría, quedan excluidos de estos beneficios y se ven obligados a trabajar en condiciones precarias y sin garantías”.
Más de un 21 por ciento de la población mexicana ocupada en el sector informal no puede adquirir la canasta básica con los ingresos que entran en su hogar, de acuerdo con Statista en el 2023.
Además, se calcula que 10 millones de trabajadores del sector informal de la economía perciben ingresos mensuales menores a un salario mínimo, mientras que el resto recibe ingresos mayores a un salario mínimo y máximo hasta cinco salarios mínimos.
En la economía informal, los consumidores se ven expuestos a productos de origen dudoso, como artículos robados, en mal estado o sin garantías, debido a la presencia de vendedores informales que no cumplen con ninguna normativa.
