Redacción
De los últimos diez años, el 2023 fue el segundo donde se documentaron más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, registrando un total de 123. En el 2022 se registraron 197 eventos de agresión. Así lo reporta el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
En el Informe, se distinguen los eventos de agresión de las agresiones. Los primeros corresponden a los hechos donde, en un lapso determinado, pueden suceder diversas agresiones específicas. Es así que durante 2023, dentro de los 123 eventos de agresión registrados, ocurrieron 282 agresiones, siendo las más frecuentes las amenazas, la intimidación, las agresiones físicas, la criminalización, el hostigamiento y, desafortunadamente, el homicidio. Durante el año 2023 ocurrieron 20 agresiones letales, 19 de las cuales se catalogan como homicidio y una como probable ejecución extrajudicial.
Michoacán es el estado de la República mexicana donde se registró el mayor número de asesinatos de personas defensoras, llegando a un total de 7. Le siguieron Guerrero con 6, Oaxaca y el Estado de México con 2 cada uno, y los estados de Hidalgo, Sonora y Jalisco con un asesinato.
Referente al número de agresiones en general, en el año 2023 Jalisco fue el más peligroso para las personas y comunidades defensoras ambientales, con 20 eventos de agresión documentados. Le siguieron Oaxaca con 19 eventos, Ciudad de México con 12, Chiapas con 9, y Yucatán, Guerrero y Quintana Roo con 7 cada uno. En los 3 últimos años, Oaxaca ha sido el estado más constante en número de agresiones, colocándose como uno de los más peligrosos para ejercer la defensa ambiental. Chiapas se encuentra en situación similar, pues en los tres últimos años se ha colocado entre los 5 estados con más eventos de agresión.
Es de suma preocupación que el 57.7% de los casos de agresión en el 2023 fueron en contra de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Esto indica que las personas que habitan y cuidan los territorios son las más vulnerables a sufrir agresiones a causa de su labor. Los pueblos indígenas que más agresiones recibieron fueron los nahuas con 20 eventos, los cuales ocurrieron en el marco de proyectos mineros y forestales. En seguida se ubicaron los pueblos mayas de la península de Yucatán con 7 casos. Las agresiones en su contra están relacionadas con el megaproyecto denominado “Tren Maya”. A continuación se encuentran los pueblos tzeltales y odami con 5 casos cada uno; y el pueblo mixe con 4 casos.
En 2023, el sector donde se presentaron más eventos de agresión fue la minería, con 30; le sigue el de vías de comunicación con 18 casos y, en tercer lugar, el sector forestal con 13 casos. De los 18 eventos de agresión relativos a megaproyectos y obras relacionadas con vías de comunicación, todos fueron por habilitación de vías férreas: 12 se relacionaron con el megaproyecto “Tren Maya” y 6 con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Respecto de las agresiones letales, en el año 2023 los sectores minería e hídrico encabezaron la lista. De las 20 agresiones letales documentadas, 6 personas defensoras fueron asesinadas en el marco de la minería y 8 en el hídrico. Le sigue el sector de la biodiversidad, con 2 personas defensoras asesinadas. En el ámbito de defensa, donde más agresiones ocurrieron fue el relacionado con el territorio, con 110 eventos; le siguen el agua, con 39; y en tercer lugar la flora, con 33 eventos de agresión.[1]
Referente a los agentes agresores, de los 123 eventos registrados durante el año 2023, el principal fue el gobierno, con alguna participación en 61 eventos de agresión. Le sigue la delincuencia organizada, con 37 casos y, en tercer lugar, la empresa privada con 19. En 22 casos no se pudo identificar al agente agresor. Frente a esta situación el Estado mexicano tiene mucho que hacer en su labor de proteger y garantizar un entorno seguro para las personas y comunidades defensoras.
En cuanto a las agresiones cometidas por algún agente del gobierno, de los 61 eventos de agresión donde se documentó su participación, 23 de ellos se atribuyen a la policía (9 municipales y 14 estatales), en 19 a gobiernos estatales, en 17 al gobierno federal, en 16 a las fiscalías estatales, en 13 a gobiernos municipales, en 9 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 4 a la Secretaría de Marina (Semar), en 2 a la Guardia Nacional y en 7, a otras autoridades.
En cuanto al tipo de víctima, de los 123 eventos de agresión, 79 eran integrantes de la comunidad (64.22%); 16 casos integrantes de organizaciones de la sociedad civil (13%), 10 ejidatarios (8.13%), 7 comuneros (5.7%), 5 personas académicas (4.06%), 5 estudiantes (4.06%), 3 personas abogadas (2.43%), 2 de periodistas (1.62%), 2 defensores independientes (1.62%) y 5 contra otro tipo de víctima (4.06%).[4]
Un dato adicional que se documentó con la metodología utilizada para elaborar el presente informe, es que se registraron 1,317 personas afectadas por los eventos de agresión en el 2023.[5] De estas 416 se identificaron como personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio. Además, 344 eran niños, niñas y adolescentes. Estas cifras reflejan que la violencia va más allá de las propias personas defensoras y en muchas ocasiones alcanza a familiares, vecinos o miembros de la comunidad.
