Redacción
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresa su
preocupación ante los riesgos de la reforma a la Ley de Amparo, que limita las suspensiones con efectos
generales de leyes, toda vez que va en detrimento del principio de progresividad de los derechos
humanos, debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica.
Asimismo, reduce las facultades del juez para otorgar las suspensiones, cuando se aleguen razones de interés social y de orden público.
“La suspensión es una herramienta del amparo que permite que se detengan o restituyan derechos
humanos presuntamente violados, mientras se desahoga el juicio. Sin esta medida las violaciones se
podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo”, sostuvo la cúpula empresarial.
Por medio de un reporte, el CCE refirió que en muchos
casos, un amparo sin suspensión no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales, además
de desconocer los derechos colectivos y amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales.
En ese sentido, argumentó el CCE, la suspensión es una medida fundamental dentro del juicio de amparo, muestra de ello son los diversos juicios promovidos por particulares en los últimos años, en donde los jueces otorgaron la suspensión con efectos generales para evitar una afectación a la libre competencia y, por consecuencia, una desigualdad entre quienes tienen más posibilidades de llegar al término de un juicio y de quienes no cuentan con los recursos o la asesoría adecuada.
“Sin duda, el amparo constituye la principal herramienta
que ofrece protección a personas y empresas frente al ejercicio de la autoridad”, sostuvo la institución.
Adicionalmente, las modificaciones a la Ley de Amparo pretenden impedir el otorgamiento de suspensiones en los casos que expresamente se señalen en la ley, por considerar que son supuestos que pueden causar afectación al orden público. Además de que, hacia el futuro, podría generar que se incremente el listado de asuntos en los que no puede concederse una suspensión, no obstante que con ello se afecte a la colectividad.
Por lo anterior, el CCE lanzó un respetuoso llamado a los legisladores para no aprobar esta iniciativa que
debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales.
